GEREGRAS presenta sus alegaciones a la modificación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados

GEREGRAS ha participado en el trámite de consulta pública previa sobre la modificación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular (LRSCEC), trasladando al Ministerio una serie de aportaciones centradas principalmente en reforzar los mecanismos para combatir el fraude y la actuación de operadores ilegales en el ámbito de los aceites de cocina usados (ACU).

Las alegaciones presentadas por GEREGRAS ponen el foco en aquellos operadores que realizan actividades relacionadas con la gestión de aceites de cocina usados sin contar con la correspondiente autorización como gestores de residuos, vulnerando las obligaciones recogidas en el artículo 20 de la Ley 7/2022.

Mayor control de la responsabilidad compartida

Uno de los aspectos sobre los que GEREGRAS solicita un control más estricto es el de la responsabilidad compartida en la correcta gestión de los residuos.

El artículo 20 establece que el productor inicial del residuo debe asegurar su correcta gestión y poder acreditarla documentalmente. Por tanto, la entrega de los residuos a un gestor no autorizado no exime al productor de sus obligaciones: el productor continúa siendo legalmente responsable de las posibles infracciones derivadas de una gestión incorrecta.

Partiendo de esta responsabilidad, GEREGRAS considera necesario reforzar tanto la información a los productores como los mecanismos que permitan comprobar que el aceite usado se está entregando a operadores debidamente autorizados.

Concienciación y acreditación documental

Entre las propuestas presentadas se encuentra una mayor labor de concienciación ambiental por parte de las administraciones públicas, en colaboración con GEREGRAS.

La Asociación plantea también reforzar la exigencia de acreditación documental, mediante la verificación de las correspondientes autorizaciones, la trazabilidad de los residuos y el cumplimiento permanente de las responsabilidades establecidas por la normativa.

El objetivo es facilitar que los productores puedan comprobar que las empresas a las que entregan sus residuos cuentan realmente con las autorizaciones necesarias para desarrollar esta actividad.

Más control mediante los Documentos de Identificación

GEREGRAS propone asimismo incrementar los medios de control mediante los Documentos de Identificación (DI) y los contratos de tratamiento utilizados en el traslado de residuos.

Entre las medidas planteadas se encuentra comprobar la validez de los gestores en los registros oficiales y reforzar los mecanismos que permitan detectar posibles prácticas fraudulentas.

La Asociación advierte de la existencia de prácticas como la utilización de certificados falsos o Documentos de Identificación que imitan los utilizados por empresas legales. Estas actuaciones pueden dar lugar no solo a responsabilidades administrativas, sino también a responsabilidades penales relacionadas, entre otras cuestiones, con la suplantación de identidad o la falsificación documental.

Inspecciones y sanciones frente a los operadores ilegales

Otro de los puntos planteados en las alegaciones es el refuerzo de las inspecciones, tanto de oficio como a instancia de parte, y la aplicación de las sanciones correspondientes cuando se detecten incumplimientos.

La gestión incorrecta de residuos no peligrosos puede ser tipificada como infracción grave o muy grave, con multas que pueden alcanzar los 100.000 euros, además del posible cierre de instalaciones.

GEREGRAS propone igualmente la retirada de la licencia de actividad a aquellos operadores que actúen como gestores, intermediarios o negociantes dando cobertura a operadores ilegales.

Mayor colaboración para detectar y denunciar prácticas fraudulentas

Las aportaciones de GEREGRAS también contemplan reforzar la colaboración entre las administraciones y el propio sector para facilitar la detección de posibles irregularidades.

Entre las actuaciones propuestas se encuentran las inspecciones de campo del SEPRONA y de las policías locales en los puntos de origen, así como la presentación de denuncias administrativas a través de los buzones de inspección ambiental del MITECO y de las comunidades autónomas, en colaboración con GEREGRAS para sus asociados.

La Asociación plantea además la persecución penal cuando puedan existir posibles delitos ambientales relacionados con vertidos ilegales de aceites de cocina usados, incluidos aquellos que puedan terminar en la naturaleza, cauces de agua o redes de saneamiento como consecuencia del ejercicio de actividades irregulares.

Por último, las alegaciones proponen la realización de auditorías a proveedores por parte de las autoridades ambientales de las comunidades autónomas, que permitan revisar la actividad de productores y transportistas, así como de los subcontratistas logísticos utilizados por los gestores.

Una gestión profesional y dentro de la legalidad

Con estas alegaciones, GEREGRAS ha querido trasladar al proceso de modificación de la Ley 7/2022 una de las principales preocupaciones del sector de la recogida y gestión de aceites de cocina usados: la necesidad de disponer de mayores herramientas para detectar y combatir la actividad de operadores que trabajan al margen de la normativa.

Las propuestas presentadas inciden especialmente en la responsabilidad de los distintos participantes en la cadena, la acreditación documental, la trazabilidad, las inspecciones y la colaboración entre administraciones y empresas del sector para favorecer una correcta gestión de los aceites de cocina usados.