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El aumento del fraude con los biocarburantes deja ya un agujero de 193 millones al Estado

29/12/2021

miércoles 29 de diciembre, 2021

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Asuntos Económicas, Nadia Calviño. Foto: BERNARDO DÍAZ

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Asuntos Económicas, Nadia Calviño. Foto: BERNARDO DÍAZ
Algunos operadores se saltan las cuotas 'verdes' del Gobierno

El fraude de los biocarburantes deja ya un agujero de 193 millones de euros al Estado y la cifra no para de crecer. Las grandes petroleras denuncian que algunos operadores están incumpliendo la obligación del Gobierno de incorporar estos ecocombustibles en la gasolina y el gasóleo sin que desde el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, se haga nada para evitarlo. Además de no cumplir con la cuota establecida del 9,5%, estas empresas tampoco están pagando la 'multa' o compensación por incumplimiento a la que les obliga la ley, lo que está dejando una pella cada vez mayor para las arcas públicas.

Pero empecemos por el principio: ¿Qué son los biocarburantes? Se trata de combustibles de origen renovable con menor impacto para la atmósfera y que son sustitutivos de los combustibles convencionales. Su precio es más caro que el de los derivados de origen fósil, pero están llamados a jugar un papel fundamental en la transición ecológica en la que está inmersa España. De hecho, la normativa obliga a mezclarlos paulatinamente en los combustibles tradicionales. Esa cuota comenzó siendo residual, pero en 2021 ya ha sido del 9,5% y en 2022 ascenderá al 10%.

Introducir los biocarburantes tiene un coste para los conductores que, según el producto, puede rondar entre cinco y seis céntimos por litro. Las grandes petroleras reunidas en la patronal AOP aseguran y certifican que sí cumplen con la normativa, aunque conlleva un sobrecoste en el suministro para sus clientes y una pérdida de competitividad frente a otros grupos alternativos que no lo hacen.

La ley permite a un operador petrolífero que no introduzca la mitad de los biocarburantes que debería si no tiene opción de adquirirlos en el mercado o producirlos por su cuenta, pero a cambio debe pagar una compensación al Estado comprando certificados con un coste de 763 euros por tonelada de combustible vendido. Fuentes del sector energético explican que pagar esta compensación puede llegar a salir más rentable que introducir el propio biocombustible, lo que supone un freno en el desarrollo de los combustibles 'verdes'. Esto supone un fallo de mercado, pero el problema real es que los incumplidores no están pagando la compensación a la que obliga la normativa.

Los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) evidencian que desde 2015 una veintena de empresas presentan un déficit crónico de estos certificados de compensación. El año pasado fueron, en concreto, seis empresas incumplidoras con una deuda de 70,6 millones de euros. Son menos compañías que otros años, pero con más volumen de ventas y por tanto más certificados impagados. Esta cantidad se suma a la de otros ejercicios.

El Ministerio de Transición Ecológica prepara una resolución para elevar la cuantía del pago compensatorio con el objetivo de evitar que los operadores prefieran pagar la multa a cumplir con la introducción de biocarburantes. En el sector responden que no es suficiente y que las medidas deberían ir encaminadas a perseguir el fraude, especialmente estableciendo garantías financieras a las empresas para garantizar que, en el caso de no cumplir con las cuotas verdes, puedan hacer frente al pago de la compensación.

Además de esto, en el entorno de la AOP -que integra a grupos como Repsol, Cepsa, BP o Galp- piden a Ribera que fije una senda de descarbonización clara para el transporte con los objetivos de introducción de biocarburantes a partir de 2023. Por ahora, el Gobierno se limita a señalar que la cuota obligatoria será del 10% este próximo año, pero no detalla más objetivos.

"Al contrario que los países de nuestro entorno, en España se está produciendo un fraude, creciente, de decenas o centenares de millones de euros al año, debido a una regulación insuficiente e ineficaz. Las garantías exigidas son mínimas y no disuasorias, y los mecanismos de control, inoperantes, por lentos. Por consiguiente, los defraudadores hacen de las suyas y, cuando hay que rendir cuentas, liquidan sus empresas, creando otras nuevas para perseverar", denuncian fuentes del sector.

Fuente: elmundo.es

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