Dentro del mercado negro de aceite de cocina usado: «Se paga hasta 18.000 euros por recogida ilegal»

Fuente: EL MUNDO – Crónica
Autor: Alfonso Aparicio
Publicado: 21 de agosto de 2026
Artículo original: https://www.elmundo.es/cronica/2026/08/21/6a74994dfc6c8354218b4570.html

Es un comercio opaco que crece impulsado por la falta de control. El primero, en el punto de origen. Contribuye la impune presencia de gestores ilegales que siguen operando camuflados. Actúan con total libertad cambiándose de nombres e impulsados por sanciones económicas irrisorias.

García, Reig y Torrejimeno son los apellidos de tres empresarios españoles señalados por prácticas ilícitas en el mercado del aceite de cocina usado. Hoy ellos están al frente de dos sociedades en Alcaudete (Jaén) que comparten domicilio social. Estas dos figuran sancionadas por la International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), siglas de uno de los esquemas de certificación más importantes de la Unión Europea de sostenibilidad y carbono. Hasta 2027, tienen prohibido tocar una gota de aceite certificado. Ni recogerlo, ni almacenarlo, ni siquiera hacer de intermediarios para otro operador que sí esté dentro del sistema legal.

Hay más casos. En Brazatortas (Ciudad Real), los Calatrava y Berlanga, propietarios de la empresa, acumulaban bidones de aceite de cocina usado sin autorización y envases robados a la competencia. La empresa cambió de nombre y sigue operando con todos los papeles en regla. Aquello no le costó el negocio…

Son ejemplos de un entramado mucho más extenso que esconde gestores ilegales, documentos de sostenibilidad falsos, certificaciones internacionales de baja calidad, importaciones asiáticas dudosas y un punto de origen donde casi nadie mira. Así funciona en España el mercado negro del aceite de cocina usado.

NUEVO “ORO NEGRO”

Hasta 18.000 euros por un camión cisterna lleno. Ese es el precio del nuevo «oro negro», que no sale de ningún pozo: sale de las freidoras donde se doran las croquetas y el pescado del menú del día. En los últimos 15 años, ese residuo espeso y maloliente por cuya retirada había que pagar se ha convertido en una materia prima cotizada.

El aceite de cocina usado (ACU) es hoy un recurso clave para el sector de los biocombustibles y la transición energética mundial. Desde hace seis años, la demanda se ha incrementado de manera significativa y ha transformado un residuo doméstico e industrial en un pilar de la producción de biodiésel.

«El negocio es a nivel nacional. En Huelva detectamos que venía un camión cisterna desde Murcia para recoger aceite de cocina usado»

Joaquín Arillo, Seprona Niebla

El Seprona, la unidad de la Guardia Civil encargada de los delitos contra el medio ambiente, pone cifras a la magnitud del negocio: «Es un negocio bastante rentable. Los camiones cisterna pagan a los gestores no autorizados un euro el litro de aceite, por lo que estamos hablando de 15.000 euros a 18.000 euros por cada recogida que hacen».

DEL RESTAURANTE A LA FÁBRICA

El recorrido está perfectamente escrito. Al ser la materia prima más utilizada para fabricar biodiésel en España, el ACU transita por una cadena de valor en la que cada paso debe estar respaldado por un certificado de sostenibilidad: desde que el aceite se recoge en el restaurante hasta que se trata en la planta de biocombustibles. La supervisión es obligatoria. La realidad es que no siempre sucede.

La cadena se rompe en el primer eslabón, en la puerta trasera del restaurante. Ahí es donde se pierde la mayor parte de la trazabilidad del ACU en España, según fuentes policiales y del sector consultadas por Crónica. La Asociación Nacional de Gestores de Residuos (Geregras) lo resume así: «Es fácil falsificar la documentación de los gestores si no se aumentan los controles en el punto de origen».

Muchos hosteleros realizan pagos en especie o en efectivo sin factura, o mediante facturas alternativas que después desaparecen. El resultado es un lío relevante justo donde empieza todo.

Los juzgados han ido dejando constancia de ese descontrol. En un caso probado, han sido trabajadores de un gestor autorizado que desviaban bidones de aceite para beneficio propio y devolvían los originales rellenos de agua.

En otro, un autónomo que se hacía pasar por una empresa legal, incluso con el logotipo de la compañía autorizada pintado en la furgoneta, y recogía por su cuenta el ACU de la entidad que sí podía hacerlo.

GESTORES CAMUFLADOS

Pese a esto, la persecución de estas redes sigue siendo ineficiente. Hoy operan en España diversos gestores ilegales que camuflan su actividad bajo constantes cambios de nombre, o que acumulan denuncias en firme sin haber recibido sanción alguna del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de Sara Aagesen.

Este suplemento se ha puesto en contacto con dicho Ministerio para contrastar estas informaciones y conocer su valoración sobre la supuesta impunidad de estas redes. No se ha recibido respuesta oficial por parte del departamento.

Sin embargo, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, órgano adscrito al MITECO, sí reconoce que se han observado «deficiencias en los plazos de transmisión de las declaraciones y pruebas de sostenibilidad».

También confirman los «retrasos en el cierre del balances de masas», es decir, el sistema que asegura que las cantidades de aceite de cocina usado coinciden con los volúmenes realmente gestionados.

LA LISTA NEGRA DE GESTORES ESPAÑOLES

El ISCC mantiene una lista negra en la que figuran hasta 12 gestores españoles excluidos del sistema hasta 2028 por prácticas ilegales. Y muchos de ellos siguen operando cada día. El Seprona ha detectado que estos gestores no autorizados ofrecen todavía «productos y materiales de limpieza, incluso el servicio de limpieza de campanas extractoras a cambio de llevarse el aceite de cocina a coste cero». El mapa del fraude de estas redes clandestinas no se reparte de forma homogénea: se concentra en Andalucía, la costa del Levante, Cataluña, Cantabria y la Comunidad de Madrid.

La respuesta de los gestores legales ha terminado siendo de película intentado cazar in fraganti a los piratas. Están contratando detectives privados para seguir el rastro de estos operadores por competencia desleal ya que les están vaciando los depósitos de su propia cartera de clientes y mermando sus ingresos.

Para garantizar que el ACU no se altere por el camino, la Comisión Europea exige una regla estricta: todos los agentes económicos que intervienen en la cadena deben estar respaldados por un sistema de certificación de sostenibilidad reconocido.

PUNTOS CIEGOS EN LAS AUDICIONES

Bajo ese marco, empresas certificadoras privadas auditan cada eslabón. Revisan contratos, albaranes, documentos de transporte y el balance de masas para asegurar que el producto que sale de un punto es exactamente el mismo que llega al siguiente, reduciendo así los puntos ciegos propicios para el fraude. En la práctica, la trazabilidad se quiebra.

El problema surge cuando cada intermediario de la cadena recurre a una entidad certificadora distinta. Al no existir coordinación entre ellas, «se pierde la trazabilidad» antes de llegar a su destino final, aseguran desde la patronal. Hay otro desafío. En la industria conviven entidades de «primera categoría» con otras de «dudosa rigurosidad», lo que genera un «doble rasero».

«La planta de biodiésel no tiene capacidad para saber si esa documentación está falsificada o no. Muchas veces la dan por válida»

Asociación Nacional de Gestores de Residuos

Manuel Bustos, presidente de APPA Biocarburantes, defiende que el ISCC, utilizado por gestores en 130 países, es uno de los esquemas más fiables del mercado al haber «aumentado significativamente sus controles y el rigor de las exigencias» a la par que «ha multiplicado el número de certificados retirados y empresas suspendidas» en los últimos cinco años.

Admite el límite de fondo de cualquier control internacional: «Aún así, no existe ningún sistema que garantice al 100% la fiabilidad del origen y la transformación del aceite de cocina usado».

IMPORTACIONES ASIÁTICAS FRAUDULENTAS

El problema no ocurre solo en España. A nivel internacional, el mercado del aceite de cocina usado y del biodiésel presenta serios indicios de fraude a gran escala, sobre todo en países asiáticos. Los numerosos puntos ciegos de la cadena han disparado investigaciones ante la sospecha de que se están etiquetando falsamente aceites de cocina para introducirlos en Europa.

Por ejemplo, en Malasia las cuentas no cuadran. Allí, diversos informes señalan un «riesgo latente de fraude» y apuntan a que el aceite de palma podría estar compensando el desfase entre lo que este país exporta y lo que realmente recoge en sus cocinas, mezclándolo con el aceite de cocina usado.

Las acusaciones contra China son múltiples y muy graves: bidones etiquetados como aceite de cocina usado que en realidad contienen aceite de palma; y la negativa de las empresas locales a que los auditores accedan a los puntos de origen. Sin ese acceso resulta imposible verificar si el aceite recolectado existe realmente o si es una mezcla fraudulenta.

«Los volúmenes inusuales de exportaciones asiáticas dan mayor credibilidad sobre un potencial etiquetado incorrecto de biocombustibles»

Informe T&E sobre el aceite de cocina usado

Sobre Indonesia, el análisis incide en la falta de transparencia documental y en la vulnerabilidad de un aceite que sigue rutas informales antes de llegar a las empresas exportadoras, lo que dificulta la trazabilidad que exigen los mercados europeos.

¿Cómo afectaría a España este supuesto fraude asiático? Esos tres países son, según los últimos datos del MITECO, los que más materias primas exportaron a España en 2025 para fabricar biodiésel certificable: Indonesia (32,39%), China (14,53%) y Malasia (10,65%). El ministerio coincide con este diagnóstico. La lejanía y la logística de las importaciones extracomunitarias reducen los controles a simples verificaciones documentales, lo que multiplica el riesgo de fraude.

CAMBIO DE TENDENCIA Y ESPAÑA PIERDE…

Mientras el fraude se afianza, el mercado ha cambiado de dirección. La mayor parte de los aceites vegetales en España se destina hoy a la producción de HVO —hidrobiocombustible— o de SAF, siglas del combustible de aviación alternativo y sostenible. Este último ha cobrado protagonismo por los altos precios del queroseno convencional, encarecido por el conflicto en Oriente Medio.

La producción de biodiésel a partir de aceite de cocina usado, en cambio, ha decaído. Las 20 plantas del país operan por debajo de su capacidad, gravemente perjudicadas por la nueva tendencia. Los números del último informe oficial del Gobierno Sánchez retratan el vuelco. El sector español vendió en 2024 un 16,17% menos de biodiésel, una de las mayores caídas de la industria desde 2013. En sentido contrario, la venta de SAF, se disparó un 17.531,42%: de 335 metros cúbicos en 2023 a 58.990 en 2024.

Y, por último, los expedientes sancionadores no han sacado a los ilegales del negocio. Los gestores que recogían al margen del sistema siguen recogiendo camuflados en otro nombre. Detrás, han ido llegando otros igual de piratas. El mercado negro —segun fuentes del sector— no se ha corregido, se ha incrementado.